La Resolución “ESC” N° 764/79 (01-11-1979) aprueba la Primera Parte del documento interno “Organización de la SIDE. Misiones, Tareas y Estructura Orgánica”, compuesto por 101 folios y organigramas. Deja sin efecto la organización dispuesta por la Resolución 1047/77 y ordena la confección posterior de los cuadros de personal y de material (2ª y 3ª parte). Se clasifica “Estrictamente Secreto y Confidencial” y se distribuye sólo a las máximas autoridades de la Secretaría. La firma el Secretario de Inteligencia de Estado, general de brigada (R) Carlos A. Martínez, autoridad máxima de la SIDE bajo la Junta Militar. El anexo organiza la Secretaría en tres Subsecretarías (A-B-C) y órganos independientes (Planeamiento, Escuela Nacional de Inteligencia, Finanzas, Asesoría Letrada). Define misiones y tareas detalladas para cada nivel, incorpora un Departamento de Contrasubversión y consagra funciones de “operaciones psicológicas secretas”, “registro de personas y organizaciones”, “actividades especiales de inteligencia y contrainteligencia” y “medidas de contrainteligencia a nivel nacional, provincial y municipal”. Deroga expresamente la estructura 1047/77 pero mantiene sus cuadros de dotación hasta ser actualizados. El legajo contiene además dos resoluciones complementarias: 828/80 (normas sobre encubrimiento de identidad del personal) y 815/83 (re-reforma de la Subsecretaría B). Contexto temporal: la SIDE opera bajo el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983); en 1979 rigen las Actas y Estatutos de la Junta Militar y las Directivas para la “lucha contra la subversión”.

El documento revela una SIDE altamente jerarquizada y funcional a la doctrina de seguridad nacional. • Estructura: se concentran tres grandes áreas: Subsecretaría “A” (ámbito interno: inteligencia interior, reunión interior, contrainteligencia con departamento de Contrasubversión); Subsecretaría “B” (ámbito externo: inteligencia y reunión exterior); Subsecretaría “C” (apoyos: antecedentes, personal, logística, comunicaciones). • Órganos de conducción y control: el Secretario –designado por el Poder Ejecutivo de facto– conserva poder de firma y clasificación. Planeamiento actúa como “Estado Mayor” estratégico y punto de enlace con la Central Nacional de Inteligencia (CNI) creada por Ley S 19.373. • Vínculos con otras agencias: la SIDE se declara competente para “asesorar” y “coordinar” con organismos nacionales, provinciales y municipales; integra equipos de trabajo con la CNI y coopera con las Fuerzas Armadas en tareas de contrasubversión (“orientación del Comando en Jefe del Ejército” — pág. 252) y contraespionaje. • Reconfiguración: la resolución consolida la expansión iniciada en 1977, institucionaliza nuevos departamentos (Contrasubversión, Operaciones Técnicas, Psicología secreta) y formaliza delegaciones provinciales, ministeriales y en el exterior. Refuerza la centralización decisoria (secretario y subsecretarios) pero prevé amplia descentralización operativa mediante delegaciones y divisiones técnicas. • Diferencias con la etapa pre-1976: introduce explícitamente la categoría “actividades especiales” (operaciones encubiertas) y la lógica de enemigo interno/subversión; amplía facultades de vigilancia a escala nacional y extranjera; institucionaliza cooperación con la Junta Militar, ajena al diseño civil previo.

El texto formaliza mecanismos de vigilancia masiva y de acción encubierta que inciden sobre múltiples derechos: • Registro y perfilado: “Registrar y actualizar todo tipo de antecedentes en los ámbitos internos y externos de personas, entidades y organizaciones… para clasificarlas desde el punto de vista ideológico” (pág. 254). • Operaciones psicológicas secretas: “acción psicológica subrepticia… con la finalidad de lograr efectos… y perturbar, neutralizar o destruir el desarrollo de las actividades del enemigo” (pág. 252). • Contrasubversión: Departamento específico con misión de “producir inteligencia sobre la subversión… participar en la ejecución de las actividades de contrasubversión que las FFAA desarrollan” (pág. 340). Incluye mantener registro de detenidos, expulsados y “opción” (pág. 340). • Contrainteligencia y contrainfiltración: facultades para “planear, ejecutar y supervisar” medidas sobre personas, documentación, instalaciones y comunicaciones (pág. 330-344). • Encubrimiento de identidad del personal (Res. 828/80) complica el control judicial y la trazabilidad administrativa: nombres falsos para trámites internos y externos. Potenciales impactos: afectación de privacidad, libertad de expresión y asociación; posibilidad de detenciones arbitrarias, censura previa (análisis ideológico de publicaciones – págs. 404-406); discriminación por ideas políticas (clasificación ideológica). El lenguaje de “enemigo”, “subversivo”, “neutralizar o destruir” refuerza un marco que habilita violaciones graves.

Norma vigente: Constitución de 1853-60 (texto reformado 1957), formalmente no derogada. Compatibilidad: • Art. 14 y 32 (publicar ideas, libertad de prensa): la División Asesoría Literaria examina ideología de publicaciones y decide su circulación (pág. 406), lo que equivale a censura previa, prohibida. • Art. 14 (asociarse, trabajar): el registro ideológico y los informes de antecedentes podían condicionar empleo público y privado, vulnerando igualdad (art. 16). • Art. 18 (inviolabilidad del domicilio, papeles, correspondencia): operaciones técnicas (escuchas, intercepción postal, observaciones judiciales – organigrama pág. 318) suponen injerencias sin control judicial visible. • Art. 19 (principio de reserva): la clasificación de personas por ideas políticas excede el ámbito público protegido y se entromete en acciones privadas. Base legal invocada: se menciona Ley S 19.373 (secreta), Ley 17.516 (régimen SIDE) y Decretos-ley de facto. Ninguna de ellas autoriza expresamente la censura de publicaciones ni la vulneración de comunicaciones privadas. Hay tensión manifiesta entre el diseño operativo y las garantías constitucionales.

En 1979 Argentina era Estado miembro de la OEA y estaba obligada por la Declaración Americana. El Pacto de San José ya había sido firmado (1969) y su firma genera deber de no frustrar el objeto del tratado (arts. 18 y 24 Convención de Viena 1969). Las prácticas institucionalizadas —vigilancia ideológica, registros secretos, operaciones psicológicas— son incompatibles con los arts. IV, V, XXI y XXII de la Declaración Americana (libertad de investigación, expresión, asociación y debido proceso). La Comisión Interamericana, en su Informe sobre la Argentina (1980), condenó la doctrina de “lucha contra la subversión” y la detención secreta; los mecanismos descritos en el documento coinciden con los cuestionamientos allí expuestos (registros de detenidos “a disposición del Poder Ejecutivo”, acciones encubiertas, ausencia de hábeas corpus efectivo). Las Convenciones de Ginebra (aplicables en conflictos armados) prohíben coerción sobre civiles; la referencia a operaciones en “condiciones de guerra” (Res. 815/83) muestra la traslación de lógicas bélicas al ámbito civil, contraria al Derecho Internacional Humanitario.

Los mecanismos impactan sobre: • Partidos políticos y militancia (“departamento política interna”, “organizaciones terroristas”). • Sindicatos y movimientos sociales (componente social, sector gremial). • Medios de comunicación, editoriales y cine (censura y asesoría literaria). • Profesionales, académicos y estudiantes (registro ideológico, encuestas, sondeos de opinión). • Minorías extranjeras y migrantes (control de visas, minorías, extranjeros en tránsito). El documento institucionaliza una relación Estado-sociedad basada en la vigilancia preventiva y la inhibición de disenso, desplazando el control democrático por una lógica de seguridad nacional.

Copia mecanografiada marcada “Estrictamente Secreto y Confidencial”; muchas páginas con OCR parcial o ilegible. Se incluyen organigramas gráficos. Faltan los Cuadros Orgánicos (2ª y 3ª parte) prometidos para 1980. Documento enlaza con Res. 1047/77 (derogada) y con modificaciones posteriores (Res. 828/80 y 815/83) que el propio legajo contiene.

El documento diseña y formaliza estructuras y procedimientos que habilitan vigilancia masiva, censura, operaciones encubiertas y registros ideológicos incompatibles con garantías básicas de derechos humanos.