El documento es un Memorando "Estrictamente Secreto y Confidencial" fechado el 28-12-1977 que remite el “Ejemplar Original” de las “Misiones y Tareas de la Secretaría de Inteligencia de Estado y sus Dependencias” para ser incorporado como Anexo 3 de la Resolución “S” Nº 1047/77 del 19-XI-1977. • Emisor: autoridades superiores de la SIDE identificadas con claves numéricas (“Señor 5”, “Señor 51”). • Destinatario principal: “Señor 93”, con copia a otros jefes (códigos 5, 51, B, 3, g, 14, 53, 56, 193, 55), todos integrantes del alto mando de la Secretaría. • Contenido normativo: pone en vigencia, con carácter experimental, un cuerpo de 69 folios de “Misiones y Tareas” más un Glosario de 5 folios; dispone que las observaciones se eleven el 1-VI-1978 conforme art. 29 de la Resolución 1047/77; deroga las misiones fijadas por Resolución “S” 643/76; reclasifica la Resolución 1047/77 al grado “Estrictamente Secreto y Confidencial”. • Marco legal invocado: Ley 17.516 (orgánica de la SIDE, 1967) y Decreto “S” 639/76 (plantel básico). • Contexto: plena vigencia del Proceso de Reorganización Nacional tras el golpe del 24-03-1976; la Junta Militar había conferido a las Fuerzas Armadas, incluidas las agencias de inteligencia, funciones centrales en la “lucha contra la subversión”.

El anexo describe minuciosamente el organigrama funcional de la SIDE en 1977 y distribuye competencias: • Nivel superior: Secretario de Inteligencia, Ayudantía, Dirección Planeamiento, Finanzas, Asesoría Letrada y Escuela Nacional de Inteligencia. • Tres Subsecretarías: “A” (Inteligencia Interior), “B” (Inteligencia Exterior) y “C” (Apoyos – logística, personal, comunicaciones, antecedentes). • Cada Subsecretaría reproduce esquema de Dirección, Subdirección, Centrales, Departamentos y Divisiones, con tareas pormenorizadas. • Funciones estratégicas: producción de inteligencia, actividades especiales (espionaje/contraespionaje, contrasubversión), operaciones psicológicas secretas, registro ideológico masivo, investigación encubierta, apoyo logístico/financiero y enlace con la “Comunidad Informativa” (FFAA, fuerzas de seguridad y otros organismos). • Relaciones externas: coordinación con Secretaría de Información Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, Estado Mayor General del Ejército y organismos de inteligencia de “países amigos”, participación en la Central Nacional de Inteligencia (CNI). • Estructuralmente implica centralización doctrinal y normativa, pero operativamente prevé extensa descentralización territorial (Delegaciones Provinciales, Delegaciones Externas), redes confidenciales y equipamiento técnico. • Frente al periodo 1973-1975, el documento consolida la orientación contrainsurgente: se incorporan áreas específicas de “Subversión”, “Contraespionaje”, “Operaciones Psicológicas Secretas” y se asigna a la SIDE facultades de conducción de delegaciones militares y policiales, reflejo de la supremacía militar pos-golpe.

El documento formaliza mecanismos estatales con incidencia directa sobre derechos fundamentales: • Vigilancia integral: "Registro de personas y organizaciones" — "Consiste en registrar y actualizar todo tipo de antecedente … y de poseer pruebas, calificarlas desde el punto de vista ideológico" (Pág. 75). • Perfilado ideológico y elaboración de antecedentes sin garantías de debido proceso (afecta arts. 14, 16, 19 CN; art. II, III y IV Declaración Americana). • "Investigaciones de personas y organizaciones" incluye "publicaciones, medios de difusión, países" (Pág. 77), comprometiendo libertad de expresión y prensa. • "Operaciones sicológicas secretas" destinadas a “perturben, neutralicen o destruyan el desarrollo de las actividades del enemigo u oponente” (Pág. 75), con la orientación de SIP y EMGE, lo que legitima manipulación informativa y restricción del debate público. • Categorización de "enemigo interno/subversivo" omnipresente: existen Departamentos propios de Subversión y Contraespionaje. • La amplitud del mandato (“investigación”, “registro”, “operaciones especiales”) sin controles judiciales crea riesgos de detenciones arbitrarias, persecución política y afectación de la intimidad. Efectos potenciales: censura indirecta, autocensura, estigmatización política, uso de inteligencia para detenciones o desapariciones (práctica documentada por la CIDH en sus informes 1977-80), y discriminación ideológica.

Norma aplicable: Constitución Nacional de 1853/60 (sin la reforma de 1972 suspendida de facto). Compatibilidad: • Art. 14 / 32 (libertad de publicar y expresarse): la facultad de investigar y registrar ideológicamente a medios y personas y las operaciones psicológicas secretas son contrarias a la garantía de no censura previa y al libre ejercicio de esos derechos. • Art. 16 (igualdad): el registro y calificación ideológica crea tratos diferenciados no basados en ley formal. • Art. 18 (inviolabilidad del domicilio, papeles y libertad personal): la obtención encubierta de información, escuchas, interceptaciones y contracciones “técnicas” se realiza sin orden judicial ni ley que la autorice. • Art. 19 (principio de reserva): la calificación estatal de ideas privadas viola la reserva de acciones privadas. • Art. 28 (razonabilidad): la amplitud y vaguedad de los poderes conferidos excede una reglamentación razonable. Base legal invocada: Ley 17.516 autorizaba actividades de inteligencia, pero el documento amplía su alcance sin control parlamentario, mediante Resoluciones secretas del Poder Ejecutivo de facto, lo que agrava su inconstitucionalidad bajo el principio de supremacía constitucional.

• Estándares vigentes: Declaración Universal (1948) y Declaración Americana (1948), ambas vinculantes como soft-law; Convenios de Ginebra (1949) ratificados; Argentina aún no había ratificado el Pacto de San José ni el PIDCP, pero los había firmado (1969 y 1968 respectivamente), y la práctica internacional los consideraba parámetro interpretativo. • Las prácticas de "operaciones psicológicas secretas" contra población civil y el registro ideológico masivo contravienen los arts. IV, V, IX y XXII de la Declaración Americana (libertad de investigación, expresión, asociación y de residencia). • La CIDH, en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Argentina (1979), describió la utilización de la inteligencia interior y la calificación de “subversivos” como motores de violaciones graves; el marco aquí plasmado coincide con esas observaciones. • En 1977 la Asamblea General de la OEA adoptó Resolución 2435 (XXX-O/77) sobre desapariciones forzadas, fenómeno directamente vinculado al sistema de inteligencia descrito. • Conclusión: el documento instaura un sistema incompatible con las obligaciones internacionales asumidas o en formación por Argentina, particularmente en materia de protección contra injerencias arbitrarias en la vida privada y de garantías judiciales.

Los mecanismos impactan potencialmente a: • Actores políticos (partidos, dirigentes, militantes) — Departamento Político. • Gremios y organizaciones sociales — Departamento Social. • Medios de comunicación, periodistas y productores culturales — menciones específicas a "medios de comunicación social". • Sectores económicos y empresariales — Departamento Económico, investigaciones de corrupción. • Minorías extranjeras, migrantes y visitantes — Departamento Contraespionaje. • Ciudadanía en general, por la amplitud del registro de antecedentes. Se revela un modelo de vigilancia preventiva a gran escala, reforzado por redes confidenciales, escuchas técnicas y psicología de masas, que altera la relación Estado-sociedad: los individuos se convierten en objeto permanente de observación y eventual represión, sin canales de control civil o judicial.

• Ejemplar original, marca "Fórm. Nº 38"; numeración interna de la SIDE. • Clasificación original: "Estrictamente Secreto y Confidencial". • Texto disponible en OCR con lagunas; varias páginas ilegibles o parciales (69-216). • Contiene Glosario (págs. 75-83) y 69 páginas de misiones (varias reproducidas). • Hace referencia expresa a Anexos 1 y 2 de la Resolución 1047/77 — no incluidos aquí— y al Decreto “S” 639/76. • Deroga Resolución “S” 643/76. • Vínculos: se complementa con doc-05 (si es la Resol. 1047/77) y con posteriores Reglamentos de la CNI.

Institucionaliza mecanismos de vigilancia, clasificación ideológica y operaciones psicológicas secretas con impacto directo sobre libertades de expresión, asociación, privacidad y debido proceso durante la dictadura.